Se viene una semana intensa en la Legislatura.

Mañana, en reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, las autoridades de la Cámara y los jefes de los bloques resolverán el temario de la sesión del jueves. Será una de las últimas convocatorias de 2018. Por eso, el oficialismo quiere avanzar con un tema que considera clave de cara a los próximos comicios: la sanción del proyecto de ley que propone la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) en materia electoral.

Esta modificación tendrá impacto directo en el sistema de votaciones que rige en Tucumán. En la actualidad, la revisión de las resoluciones de la Junta Electoral de la Provincia (JEP) son planteadas ante las tres salas del fuero en lo Contencioso Administrativo. De esos tribunales surgieron, entre otros fallos adversos al gobierno, la sentencia inicial que anuló las elecciones de 2015, tras la demanda por presunto fraude formulada por José Cano y Domingo Amaya, del Frente Acuerdo para el Bicentenario (Cambiemos). Finalmente, la Corte provincial y el máximo tribunal de la Nación ratificaron el triunfo de Juan Manzur y Osvaldo Jaldo en las urnas. Ante este y otros antecedentes -como la orden de dar a conocer el detalle de los gastos en la construcción del edificio de la Legislatura, también desestimada luego por la Corte-, el bloque Tucumán Crece buscará modificar el esquema vigente.

La nueva JEP

En principio, el tema iba a ser votado en la última sesión, cuando el oficialismo y un sector de la oposición aprobaron las candidaturas múltiples para 2019 y la nueva composición de la Junta Electoral. El órgano con competencia en las provinciales quedó integrado por las “cabezas” de la Justicia tucumana: el presidente de la CSJT (en la actualidad, Daniel Posse), el ministro Fiscal (Edmundo Jiménez) y el ministro de la Defensa (Washington Navarro Dávila). El criterio del gobierno es que una resolución adoptada por estos magistrados sólo puede ser ratificada o descartada por la Corte Suprema.

Fuentes del oficialismo confirmaron que las próximas horas serán definitivas, pero la decisión de avanzar con estos cambios está tomada. Todo depende de que las charlas con el Palacio de Justicia lleguen a buen término. Si bien el período de sesiones ordinarias termina el 31 de diciembre, en la conducción de la Cámara tienen previsto agotar la agenda de lo “urgente” (como el Presupuesto General 2019 y la renovación de las leyes de emergencia que caducan) antes de que termine este mes.

Por lo pronto, el jueves en el recinto se debatirá la propuesta para que los docentes estatales de la Provincia actúen como autoridades (titulares y suplentes) en las mesas de votación de 2019.

El proyecto bajo análisis lleva las firmas del presidente subrogante de la Cámara, Fernando Arturo Juri, del jefe del bloque oficialista, Ramón Santiago Cano, y de las peronistas Nancy Bulacio y Graciela del Valle Gutiérrez. El texto original establecía una alteración al Régimen Electoral Provincial (ley 7.876) para que la designación de las autoridades de mesa, titulares y suplentes, surgiera de la planta de 36.000 docentes estatales de la Provincia. Pero tras las ruedas de diálogo con los gremios de ATEP, APEM y AMET, el oficialismo aceptó que la participación de los maestros y profesores sea optativa en esta instancia. Así, los docentes de nivel primario y secundario que quieran presidir las mesas de votación, deberán inscribirse en un registro que abrirá el Ministerio de Educación. A cambio, los voluntarios recibirán un curso de capacitación de 40 horas totales por parte de la Junta Electoral, por el cual se les otorgará puntaje docente (serían dos o tres). También percibirán los viáticos previstos por ley. En caso de que no se complete el cupo con voluntarios, se pasará al sistema de designación tradicional hasta cubrir todas las mesas.